Ante el reto que representa la transición hacia el nuevo sistema de justicia civil y familiar, la diputada Rocío Rebollo Mendoza , a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para reformar el artículo sexto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta propuesta busca que se asignen partidas presupuestarias necesarias para garantizar la implementación del sistema antes del 1 de abril de 2027, como lo establece el marco legal nacional.
“La implementación de este código no solo exige la adecuación de los marcos jurídicos locales, sino también recursos sustanciales que actualmente no están garantizados”, afirmó Rebollo Mendoza desde la tribuna.
La legisladora destacó que, a diferencia del sistema procesal penal acusatorio, que recibió apoyo federal entre 2011 y 2016, este nuevo sistema judicial se enfrenta a restricciones presupuestales, ya que la responsabilidad de su financiamiento recae exclusivamente en los congresos. locales, según lo establecido el transitorio sexto del decreto.
Rebollo Mendoza resaltó una preocupante disparidad: los poderes judiciales locales manejan el 70% de los asuntos judiciales del país, mientras que el Poder Judicial de la Federación solo el 30%. Sin embargo, los recursos asignados a los primeros son menos de la mitad de los que recibe el segundo.
“Sin inversión en infraestructura física, tecnología y capacitación, este código no será efectivo. No podemos permitir que esta reforma se convierta en un sueño irrealizable por falta de recursos”, enfatizó.
La diputada llamó a los gobiernos y congresos locales a tomar medidas urgentes para garantizar la viabilidad del nuevo sistema, destacando que su éxito depende de una asignación presupuestaria adecuada para asegurar el acceso a una justicia pronta y expedita en el ámbito civil y familiar.