El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, representado por la diputada Dany Soto Hernández, presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado y garantizar los derechos y una vida digna a los adultos mayores que han donado sus bienes a familiares. Con esta propuesta, los mayores de 65 años podrán revocar sus donaciones si sus hijos, nietos u otros descendientes no les brindan el apoyo necesario o incluso los someten a situaciones de violencia, abandono o desatención.
Soto Hernández explicó que se pretende reformar los artículos 2229 y 2251 del Código Civil para que, al momento de realizar una donación, el Notario Público incluya una cláusula de usufructo vitalicio. Esta medida permitiría al donante seguir haciendo uso de sus bienes hasta su fallecimiento, así como recibir beneficios económicos si el bien es alquilado o vendido por el beneficiario.
La legisladora fundó esta propuesta con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación y otros estudios que reflejan la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchos adultos mayores en el país. Según datos del INEGI, el 44.9% de las personas mayores considera que sus derechos son poco o nada respetados en México, y el 24.8% ha experimentado algún tipo de negación de derechos, como la falta de acceso a atención médica, apoyo social o atención. en oficinas gubernamentales. Además, el 17% de los encuestados señaló haber vivido al menos un incidente de discriminación en los últimos cinco años, principalmente debido a su edad.
Con esta reforma, el PRI en Durango busca brindar una protección más fuerte a los adultos mayores y asegurarse de que aquellos descendientes que no cumplan con sus responsabilidades de apoyo, pierdan los derechos sobre los bienes que les fueron donados. “No podemos permitir que nuestros adultos mayores queden en la indefensión por falta de cumplimiento de sus descendientes. Esta reforma les da la posibilidad de recuperar su patrimonio si son víctimas de ingratitud o abandono”, puntualizó Soto Hernández.
La propuesta ahora está en manos del Pleno del Congreso del Estado, donde se discutirá y, en su caso, se aprobará para garantizar que los adultos mayores cuenten con mayor seguridad y protección en sus derechos patrimoniales.