Con la intención de eliminar la duplicidad en las sanciones para quienes operen escuelas sin la debida autorización, el diputado Gerardo Galaviz Martínez del Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado. Esta propuesta busca perfeccionar la redacción del artículo 349 bis, estableciendo sanciones más severas de cinco a 10 años de prisión y multas de mil a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización, además de derogar el artículo 417.
Galaviz Martínez enfatizó que en México hay numerosos casos de personas que descubren que sus estudios no tienen reconocimiento oficial, impidiéndoles acceder a puestos acordes a su formación. “Estas escuelas han proliferado especialmente en niveles de media superior y superior, aprovechándose de la falta de cobertura en el sector público, creando una competencia desleal y obteniendo ganancias fraudulentas,” explicó.
La iniciativa también contempla que si algún servidor público del ámbito educativo participa en estos delitos, la pena aumentará de una a dos terceras partes de la correspondiente, además de imponer la destitución y la inhabilitación de ocho a 20 años para ocupar cualquier cargo público.
El diputado subrayó que esta situación daña gravemente a los estudiantes, quienes al egresar de estas instituciones se enfrentan a la falta de validez oficial de sus estudios, limitando sus oportunidades laborales. “Esto convierte a la educación en un mero negocio y afecta directamente a los educandos que ven frustradas sus aspiraciones profesionales,” agregó.