El legislador Londres Botello Castro subrayó la importancia de considerar todas las propuestas presentadas al Poder Judicial, argumentando que estas pueden contribuir a fortalecer el sistema de impartición de justicia en México. Según Botello Castro, este esfuerzo resultaría en un beneficio significativo para la población y la seguridad pública del país.
El diputado del PRD recordó que la reforma al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal es un tema crucial para la vida democrática de México. Sin embargo, también ve esta iniciativa como una oportunidad para mejorar la administración de justicia y reforzar la independencia de los poderes en la nación.
Botello Castro destacó que en los foros realizados en todo el país se han presentado contrarreformas que deben ser discutidas y analizadas. Una de las propuestas principales es establecer un presupuesto fijo dentro del Poder Ejecutivo Federal para el Poder Judicial de la Federación y los poderes estatales. Además, se plantea la creación de comités de selección independientes, integrados por miembros del Poder Judicial, la academia, el Poder Legislativo y la sociedad civil.
Otro aspecto crucial es garantizar la autonomía de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, mediante un procedimiento similar al del INE, con etapas y criterios objetivos. Este proceso incluiría requisitos de incompatibilidad para evitar nepotismo, conflictos de interés y actos de corrupción, además de consultas públicas organizadas por el Senado con la participación de la sociedad civil.
Botello Castro también mencionó la necesidad de relacionar la carrera judicial y los procesos de designación, enfocándose en la formación continua y estableciendo procesos bien definidos de permanencia, retiro y disciplina, con evaluaciones y mayor transparencia. Es esencial incluir los principios generales de la función judicial y los atributos de su ejercicio.
Además, el diputado consideró pertinente reformar el Consejo de la Judicatura Federal para darle autonomía constitucional y fortalecer sus facultades disciplinarias. También se propone mejorar la atención y reparación integral del daño para las víctimas, así como el régimen laboral y de prestaciones para ministerios públicos, policías y peritos.