El Congreso del Estado de Durango dio un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas al aprobar una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Esta ley, que fue presentada y discutida durante la segunda sesión del Periodo Extraordinario de Sesiones, permitirá que las cuentas públicas de los 39 municipios, organismos autónomos y el Gobierno del Estado sean revisadas durante el mismo año fiscal en que se ejercen, en lugar de hacerlo posteriormente como se hacía anteriormente.
Esta reforma, presentada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, alinea la legislación local con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fortaleciendo así el marco legal para la fiscalización de los recursos públicos.
Uno de los aspectos más destacados de esta nueva ley es la creación de una plataforma electrónica que permitirá a los servidores públicos realizar notificaciones y otros procedimientos de manera digital. Esta innovación no solo agiliza el trabajo de auditoría, sino que también facilita el acceso a la información para los ciudadanos, quienes podrán consultar los datos a través de las páginas de transparencia.
Alejandra del Valle Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, enfatizó que esta ley es un paso crucial para generar confianza en la ciudadanía, asegurando que la fiscalización se lleve a cabo con profesionalismo, credibilidad, transparencia e imparcialidad.
Por su parte, Verónica Pérez Herrera, legisladora del Partido Acción Nacional, destacó que este nuevo marco legal incluye importantes innovaciones, como la figura de la autoridad investigadora y sustanciadora, el buzón digital y el Sistema de Registro y Contabilidad Gubernamental.
Rosa María Triana Martínez, diputada del Partido Revolucionario Institucional, subrayó que con esta ley se busca garantizar que el uso de los recursos públicos sea más eficiente y transparente. Además, advirtió que quienes hagan mal uso de estos recursos enfrentarán sanciones reales.
La Auditoría Superior del Estado, que anteriormente se conocía como EASE, ahora tendrá la facultad de investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas detectadas durante sus funciones, promoviendo las responsabilidades correspondientes ante las autoridades competentes.